La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR) ofrece su colaboración y muestra su apoyo al gobierno municipal de Jaume Collboni en la lucha contra los alojamientos ilegales, que llevan de cabeza al equipo de inspectores municipales y que suponen un mal endémico para el sector, la ciudad y la imagen del turismo de Barcelona. En este sentido, el presidente de APARTUR, Enrique Alcántara, afirma que la proliferación de negocios de la economía sumergida "hace competencia desleal, no paga impuestos y confronta a vecinos y turistas en lugar de fomentar la convivencia".
APARTUR defiende desde hace años que la mejor receta para acabar con el mercado negro es el impulso de una “regulación valiente” del sector, que favorezca su profesionalización, permita un crecimiento ordenado y deje ver sus ventajas para la ciudad y su economía. Alcántara afirma que poner todas las viviendas de uso turístico en el mismo saco, como pretende el decreto del Govern, es una vía fallida: “El cierre del sector sólo fomentaría la ilegalidad y, además, se dejaría perder un impacto millonario en la ciudad, tanto a nivel de impuestos como de gasto en ocio, comercio y restauración”. En el conjunto de Catalunya, el impacto económico directo del sector asciende a 3.000 millones de euros anuales.
En este contexto, APARTUR reclama al Ayuntamiento de Barcelona un diálogo sereno para afrontar los retos de futuro y que el escenario que se abra a partir del mes de abril, cuando entre en vigor la nueva regulación, no lo haya de lamentar ni la ciudad, ni los pequeños propietarios, ni los miles de trabajadores que dependen del sector. “Sería del todo irresponsable equivocarse de objetivo porque los daños serían irreparables. Hay que combatir la ilegalidad con contundencia y acompañar al sector con medidas realistas que permitan su viabilidad”, afirma Alcántara.