El pasado mes de julio la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, anunció que impulsarán una nueva regulación del régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, así como una ley para regular los contratos de alquiler de temporada. Su objetivo, dicen, es garantizar el uso social de la vivienda especialmente en municipios en los que el uso turístico, siempre según ellos, produce tensiones de precios y no garantiza una dotación suficiente de vivienda de alquiler para satisfacer las necesidades de la población residente. Una regulación que no solo pondría en riesgo el 46% de la oferta turística catalana y a todo nuestro sector, sino que puede tener serias consecuencias para la economía del país ya que parece que a nuestros políticos se les olvida que generamos aproximadamente el 3,74% del PIB del sector turístico en Cataluña y un 12% del PIB total de la ciudad de Barcelona. Tocan tiempos de unirnos, de alzar la voz y de seguir demostrando, con hechos, que prohibirnos no es la solución. La administración tiene que comprender que la solución ha de pasar, si o si, por legislar y por profesionalizar aún más el sector para poder crecer de forma ordenada y regulada, y para seguir aportando seguridad y calidad para turistas y vecinos.