El sector de los pisos turísticos: "Criminalizar al turismo de la falta de vivienda es populista y absolutamente falso"

Federatur coorganizado una mesa redonda con el Colegio de Economistas de Cataluña para rebatir con datos a los que acusan al sector de ser los principales culpables de la falta de vivienda

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ha coorganizado este lunes 29 de abril una mesa redonda con el Colegio de Economistas de Cataluña para rebatir con datos a los que acusan al sector de ser los principales culpables de la falta de vivienda y del incremento de precio.

Moderados por la consultora en turismo Marian Muro, el economista Gonzalo Bernardos, el director de la consultora InAtlas, Luis Falcón, el abogado Pablo Molina y el presidente de Federatur, David Riba, han analizado los efectos del nuevo Decreto Ley que regula el sector desde noviembre y los efectos que puede, o no, tener en la actual crisis de la vivienda. La conclusión es clara: "se está criminalizando en el sector".

Para Bernardos, las políticas regulatorias propuestas son desproporcionadas y no solucionaran los problemas existentes. "La administración no se atreve a poner soluciones reales". Para el economista se necesitan soluciones pensadas para cada territorio y no soluciones uniformes e improvisadas que no acabarán con el problema real de falta de vivienda.

Luis Falcón ha puesto datos sobre la mesa. En Cataluña hay 100.000 pisos turísticos, de los que se estima que unos 46% están activos y muchos corresponden a segundas residencias, que sólo se alquilan unos días al año. Desde 2016 se han reducido en un 54% los anuncios de viviendas de uso turístico en Cataluña. Si nos fijamos el caso de Barcelona, existen unas 75.000 viviendas sin actividad frente a 10.700 licencias de VUT, de las cuales 7.000 activas. "Eliminar licencias de viviendas de uso turístico no quiere decir que estas viviendas pasen automáticamente a ser viviendas de alquiler tradicional" han reflexionado los ponentes.

Falcón y Bernardos han coincidido en ver una caza de brujas contra un sector que aporta cada año el 2,94% del PIB turístico catalán y que en 2022 dejó un impacto económico en Cataluña de unos 21 mil millones de euros. Además, durante su intervención han puesto en duda la posición el sector hotelero en contra del sector cuando deberían haber cerrado filas todo el turismo juntos “para hacer fuerte el sector turístico en su conjunto”.

Datos contra relato

El presidente de Federatur, David Riba, ha querido poner en valor el trabajo realizado por el sector para aportar datos que reafirmen los argumentos expuestos. "Hemos hecho un trabajo de búsqueda de información que nos ha llevado a tener más información contrastada que la propia Administración" ha afirmado. "Desde el anuncio de la regulación en el mes de mayo hasta su entrada en vigor en noviembre, hemos dotado a la Generalitat de toda la información de la que disponemos".

Riba ha querido dejar de nuevo claro que el sector no está en contra de regular. "Queremos una regulación que actúe contra la proliferación de la ilegalidad". El presidente de la patronal catalana ha defendido el impacto económico de un sector que representa el 40% de las plazas turísticas catalanas y su capilaridad en toda la economía de servicios de pueblos y ciudades, ya que el gasto alojamiento sólo representa el 25,7% del gasto de los turistas.

Los expertos han coincidido en que las administraciones insistan en utilizar los pisos turísticos como cabeza de turco y que mientras no se decidan en serio a augmentar el parque público de vivienda, la situación seguirá empeorando. “Criminalizar al turismo de la falta de vivienda es populista y absolutamente falso”.

El problema para los ayuntamientos

El abogado de Garrigues, Pablo Molina, ha destacado el problema judicial y económico que generará la extinción de las licencias actuales y las nuevas licencias que los ayuntamientos tendrán que dar en 5 años. “Se están cargando la indemnización natural por el cese de actividad y poniendo a los municipios en una situación límite. ¿Quién responderá ante el alud de reclamaciones?”. En este sentido, todos los expertos han coincidido en que la vía judicial será el desenlace habitual y que los ayuntamientos tendrán que asumir ese coste potencial para erradicar la actividad.

La convivencia, otro de los problemas que se asocian al sector

En su intervención Marian Muro recordó que aunque la convivencia es otro de los problemas asociados al turismo, ésta ni aparece en el barómetro de la ciudad de Barcelona como una de las principales preocupaciones de los residentes. “Las incidencias, no son ni mucho menos alarmantes para que las molestias entre vecinos sean un punto a tener en cuenta para actuar con el Decreto” han insistido desde el sector que han reclamado, sin embargo, “más mecanismos para actuar en contra de los que generen problemas”. "Eliminar un sector económico entero por un problema de normativa y gestión nunca será una buena solución", ha recordado Riba.

Por último, todos los expertos reunidos en la mesa han querido recordar que hasta que no se vea el turismo como una herramienta para hacer crecer al resto de sectores económico de un territorio, no nos daremos cuenta de que el sector de las viviendas de uso turístico juega un rol importante en esta ecuación.